IMPACTO JURÍDICO DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL

En la actualidad el mundo atraviesa una gran pandemia de un virus llamado COVID-19, la cual ha traído grandes consecuencias socio-jurídica, aso como también económica. Por lo que la República Dominica se ha visto en la necesidad de tomar medidas drásticas para evitar la propagación del virus.
En tal sentido las medidas tomadas por el estado Dominicano, hacen una paralización parcial de la funciones sociales normales de los ciudadanos Dominicanos, viéndose las micros, medianas y grandes empresas, afectadas por sus paralizaciones de labores cotidianas, quedando algunas empresas cerradas en su totalidad.
Las empresas que son necesarias para suplir las necesidades básicas de las personas son las única que están autorizada a permanecer abierta, cumpliendo todas con la resolución del Ministerio de Trabajo marcada con el número 07/2020, resolución que acoge algunas medida para evitar la propagación del COVID-19, tales como los establecimientos califiquen para permanecer abiertos a flexibilizar la jornada laboral en la medida de lo posible e implementar el trabajo a distancia a los fines de evitar la aglomeración de personas en los lugares de trabajo como medida para romper la cadena de propagación del COVID-19.
Y una medida para las empresa que tienen que permanecer cerradas el Ministerio de Trabajo dispuso lo siguiente “Los trabajadores que no hayan adquirido el derecho a vacaciones se les avanzará una semana de vacaciones remuneradas, así como también el pago de una semana de salario a cargo de las empresas”. Hay que pautar que los trabajadores adquieren, su derecho a vacaciones según el artículo 178 del código Laboral. “el trabajador adquiere su derecho a vacaciones cada vez que cumpla un año de servicio interrumpido en una empresa.
Las mayorías de las empresas han tomado una figura jurídica llamada Suspensión del contrato de trabajo, esta medida se ha implementado para disminuir el impacto económico que podría causar a sus empresas, las paralizaciones de sus labores.
La suspensión del contrato de trabajo, esta institución jurídica trae consigo varios efectos entre el empleado y el trabajador. Y no es más donde se deja sin efecto el contrato laboral por un tiempo determinado, donde el trabajador queda libre de prestar su servicio y el empleador libre de pagar una remuneración por el mismo, se ve como una terminación del contrato de trabajo pero esta tiene una diferencia es que no termina el contrato de trabajo, sino más bien lo deja sin efecto por un tiempo determinado. Su periodo de duración cesa cuando termine la causa que originó la suspensión, algunos tratadista le ponderan un periodo máximo de 90 día en un periodo de 12 meses como lo establece el artículo 55 del Código de Trabajo.
Esta figura la podemos encontrar en el   los artículos 48 y siguientes del Código de Trabajo, combinadas con las disposiciones del artículo 65 y siguientes del reglamento No. 258-93 para la aplicación del mismo.
El legislador ha previsto distinta causas para solicitar la suspensión del contrato de trabajo, entre ellas no está prevista con exactitud la situación del COVID-19, Por lo que los empleadores se ven en la necesidad del escoger dentro de las causa establecida en el artículo 50 acápite 4to, del Código de Trabajo indicando “La fuerza mayor” ya que es un interés de orden público la situación que se atraviesa hoy en día la Republica Dominicana.
El gran inconveniente que surge con la suspensión del contrato de trabajo es que la misma no se puede hacer de manera irregular si no como indica el Código de Trabajo, la cual el Empleador la debe solicitar por escrito estableciendo con exactitud las causas de la suspensión y el periodo, ahora por la situación del COVID-19, se están solicitando a través de la página del Ministerio de Trabajo.
Hay que puntualizar que sin la autorización, de aprobación de la suspensión del Contrato de Trabajo emitida Ministerio de Trabajo, no se puede suspender al trabajado, ya que si se suspende sin dicha autorización, sería irregular dicha suspensión y atraer grandes problemas jurídicos a quien lo practique.
El estado ha implementando un plan denominado el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), dicho plan consiste en que todo los trabajadores registrado con la suspensión del contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo, esta consiste en dos fase, la cual son la siguiente: FASE 1, que será para trabajadores con contratos suspendidos, y FASE 2, destinado a empresas que siguen operando, En el caso de FASE 1, el Gobierno transferirá a cada trabajador afectado un 70 % de sus salario ordinarios, pero hasta un límite de 8,500 pesos mensuales. El pago no será menor a 5,000 pesos, de acuerdo a lo señalado en el decreto 143-20. El monto restante hasta alcanzar el 100 % del salario del trabajador debería hacerlo la empresa, pero no es obligatorio.
En lo que respecta a la modalidad FASE 2, los requisito son ser mipymes o empresas manufactureras que no hayan cerrado ni suspendidos los contratos a sus trabajadores. En ese caso, la transferencia a cada trabajador será de 5,000 pesos mensuales, mientras que el monto restante debe ser cubierto por el empleador. En este caso sí es obligatorio que la empresa complete el salario y que, además, cumpla con el pago de la seguridad social y otras retenciones, tal como ocurría hasta antes de la crisis.
Y recordemos nuestro amado lectores el siguiente versículo: 2 Crónicas 20:9«Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás.»

Articulo creado por : Lic. Nicolás García.

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